Argentina: la siembra de vientos y los huracanes
Por Guillermo Almeyra (*)
Como estaba seguro de tener mayoría en ambas cámaras del Congreso y no le atribuía ningún papel a éste –la asignación y distribución de fondos públicos había sido delegada al Ejecutivo y éste gobernaba emitiendo decretos–, Kirchner ni pensó en que el Congreso podría ser obligado a dirimir una cuestión política importante.
Ya en el gobierno su esposa Cristina Fernández, Kirchner intentó controlar a su partido y dejó a su suerte a esos “transversales” K socialistas o radicales expulsados, como el vicepresidente Cobos. Pero para disputarle el Partido Justicialista se coaligaron todas las derechas peronistas.
La cosa no era muy grave, aunque el ex presidente Duhalde se apoya en un tejido mafioso (policía, droga, clientelismo político) en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de San Luis tiene una fuerte base clientelar al igual que el de Córdoba y los ex gobernadores menemistas mantienen sus aparatos policiales.
El antiperonismo visceral de radicales, socialistas y conservadores de todo tipo que integraban la oposición impedía la unión entre ambos sectores, y Kirchner creyó poder contrabalancear al grueso de la derecha de su partido con otra parte de esa derecha, o sea, con dirigentes sindicales burocráticos y corrompidos de la Confederación General del Trabajo, cooptando a parte de los líderes de la Central de Trabajadores Argentinos y de los grupos piqueteros.
Mientras, para aumentar las exportaciones fomentó el cultivo de soya, que se cuadruplicó durante su mandato, y dio toda clase de apoyos y facilidades a los grandes exportadores de granos y al capital financiero.
Trató también de mantener caro el dólar para favorecer las exportaciones argentinas y, con fondos estatales, subsidió transportes, combustibles, servicios públicos y hasta grandes supermercados para mantener bajos los precios.
Su política económica buscaba utilizar los ingresos provenientes de las exportaciones y de los impuestos para subsidiar y desarrollar la industria e impedir la subida de los salarios reales con el propósito de aumentar las ganancias de los industriales, confiando en que las tasas chinas de crecimiento económico permitirían seguir reduciendo la desocupación (cercana a 10 por ciento) y ampliar el mercado interno.
Pero su esposa asumió el poder cuando comenzaba el periodo de las vacas flacas –caída del dólar a escala mundial, grave situación económica en Estados Unidos, aumento enorme del precio de combustibles y, por ende, de fertilizantes y plaguicidas, inflación importada–, que hace cada vez más difícil mantener esa política.
Para obtener más ingresos, Cristina Fernández pensó en un gravamen a las ganancias extraordinarias de los exportadores de soya que, de paso, redujese la tendencia a abandonar los cultivos alimentarios y la ganadería, con el consiguiente aumento de los precios al consumo.
La medida era necesaria y justa, pues el Estado tiene derecho y obligación de impedir que los precios del mercado internacional determinen los precios internos al consumo y de evitar que se extienda el monocultivo de una forrajera que daña los suelos y en su avance elimina alimentos, vacas, campesinos, pueblos, bosques.
Pero la resolución fue adoptada con torpeza, ignorancia y prepotencia, sin consultas previas y sin prever consecuencias. Además, según la Constitución, es el Parlamento el que debe determinar los impuestos y no el Poder Ejecutivo.
La imposición del mismo gravamen para productores grandes y pequeños, para quienes producen en tierras buenas y cerca de los puertos, con altos rendimientos, y quienes lo hacen en tierras marginales, unió, detrás de los especuladores del gran capital y de los grandes terratenientes y exportadores, a pequeños productores, arrendatarios y rentistas, que se convirtieron en masa de maniobra política de aquéllos.
Detrás de pequeños y grandes capitalistas rurales se alinearon de inmediato las clases medias de los pueblos y a ellas se sumaron la oposición visceralmente racista y antiperonista que grita contra el gobierno”de los negros y los vagos” y la derecha peronista.
El kirchnerismo logró así unificar el antisolidarismo y el conservadurismo con la reacción y el racismo. Agregando la soberbia a la torpeza esperó además 90 días de cortes de rutas y desabastecimiento en las ciudades para inventar una motivación para esta justa retención de la ganancia extraordinaria de los soyeros y dejó pasar cien antes de dejar la aprobación de su proyecto al Parlamento, como correspondía desde el primer día.
En las Cámaras pagó también el precio de su autoritarismo pues, por no haber sido escuchados, consultados ni convencidos, diputados y senadores peronistas votaron junto con la oposición y por los grandes grupos cerealeros. Para colmo, los radicales y socialistas K, y entre ellos el vicepresidente Cobos, cuando sugirieron modificar la medida para separar a los pequeños productores de monopolistas y desmontar la protesta fueron vapuleados y marginados.
En la discusión parlamentaria, naturalmente, se diferenciaron del gobierno y el voto del vicepresidente y presidente del Senado, Julio Cobos, fue decisivo para enterrar no sólo el gravamen sino también la entera política del gobierno. Ahora la derecha está unida, a la ofensiva y encontró el candidato a presidente que le faltaba nada menos que en el vice de Cristina Fernández. El partido transversal también pasó a mejor vida y Kirchner deberá defender su mayoría en el partido peronista.
El gobierno está desprestigiado y ha perdido su mayoría absoluta en ambas Cámaras y el Parlamento ha comenzado a funcionar y le exigirá que explique por qué no tomó medidas contra los grandes exportadores que defraudaron más de mil 200 millones de dólares al fisco y robaron a arrendatarios.
La economía ha recibido un gran golpe y los subsidios no podrán ser tan cuantiosos como hasta ahora. El barco argentino acaba de entrar sin timonel en un mar agitado y lleno de escollos.
(*) Tomado de viejoblues.com
