Por Eduardo Tamayo G.
El triunfo del “SI” ha sido contundente en todo el Ecuador. La votación por la nueva Constitución Política, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, obtiene un 63.97% con el 94,19% de los votos escrutados, mientras el “NO” se sitúa en el 28,11%, el voto nulo llega al 7.2 % y el voto en blanco al 0,72%, según informes del Tribunal Supremo Electoral. (1)
Los resultados del referéndum del pasado domingo reflejan la gran expectativa de cambio que tiene la mayoría de ecuatorianos que se ha expresado en los cuatro últimos procesos electorales. Esta aspiración de cambio también se extiende a los emigrantes que residen en Estados Unidos y Europa, que han sido golpeados por la crisis que sacude a los países centrales. “Queremos que el Ecuador cambie para poder regresar a nuestro país”, es el mensaje que enviaron los emigrantes que suman más de tres millones.
La gente votó por una democracia más participativa, quiere intervenir activa y permanentemente en la vida política, lo cual marca una diferencia cualitativa importante respecto a la democracia representativa que se instauró en 1979 y en la cual el pueblo solo concurría a las urnas para elegir a quien lo iba a explotar el próximo período.
Este lunes 29 de septiembre, el presidente Rafael Correa, en una conferencia con la prensa extranjera, señaló: “tenemos un inmenso trabajo después que se aprobó la nueva Constitución porque necesitamos en el corto plazo, tres-seis meses, preparar y tomar una serie de mecanismos para la nueva Constitución de la República, y a más de eso, tenemos otras leyes represadas a tramitarse (...) que lamentablemente no se pudieron aprobar con la Asamblea y si la mandábamos al anterior Congreso, allá las destrozaban, como la Ley de Seguridad Financiera”.
Respeto a la política interna expresó: “estamos trabajando muy duro para reconstruir todo el aparato productivo ecuatoriano, no nos engañemos, sin una base productiva sólida tampoco se puede sostener la política social, estamos tratando de reconstruir esa base productiva, en la agricultura, la industria, construir infraestructura, etc., acompañado siempre de una política social. No puede haber una política económica sin una política social como tampoco puede haber una política social sostenible sin una base política económica”.
Correa reiteró sus críticas a quienes se oponen a su política de impulsar la minería, agregando que “lamentablemente hay sectores que tienen una posición bastante infantil pero nosotros consideramos que en el tema ambiental no ha habido gobierno más verde en el Ecuador que el gobierno de la revolución ciudadana”.
Los perdedores
Los derrotados, según el sociólogo Mario Unda, son la derecha que ha quedado reducida a la ciudad de Guayaquil, los grandes medios de información que hicieron una abierta campaña por el “NO” y el voto nulo, y la jerarquía de la Iglesia Católica que encabezó la oposición desde los púlpitos agitando mentiras como aquellas de que la nueva Constitución es abortista y promueve el matrimonio homosexual. Las instrucciones de los jerarcas de la Iglesia no fueron acatadas por un pueblo mayoritariamente católico que ya no “come cuentos”. Las prédicas liberadoras del fallecido Monseñor Leónidas Proaño, el “Obispo de los Indios”, volvieron a inspirar a muchos creyentes que dieron el “SI” a la nueva Constitución.
La derecha, según Unda, ahora se atrincherará en Guayaquil donde tratará de recomponerse con el alcalde socialcristiano Jaime Nebot a la cabeza. Con el discurso de la autonomía como pretexto intentará sobre todo de desestabilizar este proceso de cambio.
Superar el neoliberalismo
Para el historiador Juan Paz y Miño, los resultados del referéndum tiene un clara tendencia anti-neoliberal pues el pueblo votó por una Constitución que proclama un modelo social y solidario en el que Estado interviene en la economía y el ser humano es el sujeto y fin, y no el mercado. De esta forma se deja atrás, el modelo de "economía social de mercado" establecido en la Constitución vigente desde 1998.
La nueva Constitución, asimismo, tiene un capítulo sobre el sistema económico que está integrado por las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidario, priorizando e incentivando la producción nacional. En el régimen de desarrollo se reconoce en sí como el "conjunto de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kausay". Es decir, no prioriza el crecimiento económico como el fin para alcanzar el desarrollo, sino que considera una visión integral. Plantea, entre otros puntos, "construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable." (Art. 276)
La nueva Constitución recupera el rol del Estado en la planificación participativa del desarrollo y en áreas como salud, educación, vivienda, provisión de agua, entre otros. Algunos de estos habían quedado a iniciativa del sector privado, durante los años de implementación del neoliberalismo. Ahora el Estado mantendrá el control del sector financiero y monetario, y desarrollará políticas para evitar la concentración o acaparamiento de los factores de producción. Se plantea también el desarrollo de políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres, incluyendo las productoras.
Con la nueva Constitución crea sectores estratégicos en los que se reserva el derecho de "administrar, regular, controlar y gestionar" estos sectores, por su decisiva influencia económica, social, política o ambiental.
Estos son la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.
Si bien esto es fundamental, también existe preocupación pues queda una puerta abierta para una posible explotación en áreas protegidas, si así lo determina la Asamblea Nacional. El movimiento indígena planteó que se apruebe el "consentimiento previo libre e informado", como señala la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, pero la Asamblea Constituyente aprobó la tesis de la "consulta previa e informada", que ahora consta en la Constitución.
Pese a esta limitación, Humberto Cholango, dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, celebró la aprobación en la Constitución de la tesis del Estado plurinacional, que “es de justicia histórica, porque desde el primer levantamiento indígena, hace 18 años, los pueblos indígenas platearon que el Ecuador debe ser declarado Estado plurinacional, obviamente no es un triunfo completo, pero esto lo dedicamos a los compañeros caídos que han derramado su sangre”, agregó Cholango.
Nueva etapa
Para Fernando López, decano de la Facultad de Comunicación Social FACSO, los resultados ha revelado un enorme vacío de dirección política de la derecha y han hecho explotar la vieja institucionalidad representada por los partidos de derecha, la jerarquía de la Iglesia, las cámaras de la producción, los grandes medios.
La nueva Constitución, según Pay y Miño, permitirá la reinstitucionalización del país permitiendo recuperar la estabilidad política (en los últimos 12 años, el Ecuador ha tenido 8 gobiernos) y jurídica.
Con este referéndum ha terminado una etapa que se inició con la segunda vuelta electoral del 2006 en la que el presidente Rafael Correa ganó ampliamente al magnate bananero Avaro Noboa. Las viejas elites que han monopolizado la economía y la política y han manejado en poder han sido derrotadas en las urnas. Ahora se abre un nuevo periodo en el que se reacomodan las fuerzas y en el que los diferentes actores deberán definir nuevas políticas y estrategias.
Con la nueva Constitución, se abre un periodo de transición institucional en el que se declara concluidos los periodos de los diputados elegidos el 15 de octubre del 2006. La Asamblea Constituyente, que elaboró la Constitución, se prorroga provisionalmente en sus funciones debiendo reunirse cinco días después de proclamados los resultados del referéndum aprobatorio para conformar una comisión legislativa y fiscalizadora que cumplirá las funciones de la Asamblea Nacional (Poder legislativo).
Entre las funciones de esta Comisión está la de elaborar varias leyes y nombrar a un Consejo Electoral Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral, que convocarán, después de treinta días de posesionados, a nuevas elecciones para designar Presidente y Vicepresidente de la República, integrantes de la Asamblea Nacional, prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes municipales, entre otros. Se prevé que en enero o febrero del próximo año, se llevarán a cabo estas elecciones generales. Seguramente el Presidente Rafael Correa se postulará en estas elecciones para un segundo período presidencial que culminaría, si triunfa, el 24 de mayo del 2013.
Este será un momento de intensas luchas en la que se va a definir el carácter del gobierno: este tiene la opción de radicalizar sus posiciones como lo demanda la mayoría de ecuatorianos, descartando las presiones de la derecha que cada vez que es derrotada pide al ganador que sea democrático y dialogue para imponer sus intereses.
Nota
(1) El triunfo incluso se extiende a la provincia del Guayas, la más poblada del país y se encuentra la más fuerte oposición, en la que se ha contabilizado el 94.34 de los votos: el “SI” obtiene el 50,84%, el “NO” el 41, 39%, los nulos el 7,08% y en blanco el 0.69%. Solamente en la ciudad de Guayaquil, el “NO”; cuando se ha escrutado el 91,86 % , obtiene 46,97 por ciento y el “SI” un 45,68 por ciento , en tanto que los votos nulos ascienden a 6,84 por ciento y el blanco al 0,51 por ciento.
(*) tomado de http://alainet.org/active/26613
